ALAMEDA-(UC)— Cada año, el gobierno de los Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en programas de subvenciones agrícolas y de asistencia alimentaria dirigidos a personas de bajos ingresos. Aunque se ha demostrado que tales programas aportan algunos beneficios, un experto de Extensión Cooperativa de la Universidad de California opina que la forma en que se llevan a cabo no fomenta la buena salud, y recomienda que se hagan algunos cambios importantes, particularmente a raíz de la crisis de enfermedades crónicas que confronta el país.

“La mayoría de estadounidenses tienen una alimentación deficiente y consumen cantidades inadecuadas de frutas y verduras”, observa Josh Miner, analista de sistemas del Programa de Educación sobre Nutrición del Programa de Estampillas para Alimentos de Extensión Cooperativa de la UC en el condado de Alameda. “Sin embargo, las personas de ingresos bajos sufren desproporcionadamente de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades del corazón”.

 Esto se debe en parte a que las frutas y verduras con frecuencia son mucho más caras y difíciles de encontrar en los mercados pequeños y restaurantes que frecuentan los consumidores de ingresos bajos, así como en otros lugares a los que acuden donde se sirven alimentos.

Otro factor que contribuye a este problema, según Miner, es el diseño mismo de los programas de asistencia alimentaria. Como ejemplo, cita el Programa de Estampillas para Alimentos bajo el cual el gobierno distribuyó en el 2003 un total de $21.4 mil millones a un promedio de 9.2 millones de hogares, representando un promedio de $195 mensuales para cada hogar. En el 2003, sólo participaron el 61% de las personas en el país que reunían los requisitos para participar en el Programa de Estampillas para Alimentos. En California, la participación fue apenas del 39%.

Miner opina que estos niveles de participación tan bajos pueden explicarse de varias maneras. Con frecuencia, las personas elegibles desconocen los requisitos. Además, el proceso de solicitud “es bastante difícil y deshumanizante”, y es común la opinión de que los beneficios que pudiesen conseguirse no valen la pena tomando en cuenta el esfuerzo necesario para obtenerlos.

En California, la gran comunidad inmigrante es parte de la razón del nivel tan bajo de participación estatal en este programa. Miner explica que existe también “el persistente y frecuentemente bien fundamentado temor entre las comunidades inmigrantes de que quedarán expuestos al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) los miembros indocumentados de la familia durante el proceso de solicitud de personas elegibles, como los niños nacidos en los Estados Unidos”.

El objetivo del Programa de Estampillas para Alimentos es suplementar los ingresos de miles de estadounidenses para que puedan costear la compra de una mayor cantidad de alimentos. Ciertamente se ha logrado este objetivo hasta cierto punto, pues se conoce que los participantes gastan 26 centavos en alimentos por cada dólar adicional que reciben en estampillas para comida. Sin embargo, gastan los 74 centavos restantes en otros artículos de consumo.

La crítica principal de Miner es que este programa, al igual que otros similares, sólo trata de influir levemente en la calidad nutritiva de la alimentación de los participantes. Por ejemplo, el especialista apunta que una revisión de este tipo de programas indica que no hay suficiente evidencia convincente de que mejoran la calidad total de la alimentación de los participantes, aunque sí hay algunas indicaciones de que han aumentado su consumo de ciertos nutrientes.

Minier critica igualmente a los programas gubernamentales de subvenciones agrícolas para la producción de alimentos básicos que consisten en pagos directos a los agricultores que cultiven maíz, trigo, algodón, frijol de soya y arroz.

Miner indica que una proporción considerable de pagos por la producción de alimentos básicos, por ejemplo, está dirigida principalmente a cultivos cuyo uso primordial es para la producción de calorías en la forma de grasas como el aceite de maíz y azúcares como la miel de maíz alta en fructosa.

Además, los requisitos actuales para recibir subvenciones para la producción no incluyen la producción de frutas, verduras y nueces, cultivos que predominan en la agricultura en California. Como resultado, el número de agricultores californianos que reciben estas subvenciones es más bajo que el promedio nacional.

A muchos estadounidenses les resulta muy costoso comprar alimentos saludables. Miner apunta que cuesta menos consumir calorías en forma de grasas y azúcares que han sido agregadas a los alimentos procesados ya que los alimentos más ricos en nutrientes son generalmente más caros. Por esto él cree que es muy importante aumentar el poder de compra de los estadounidenses de bajos ingresos.

El especialista recalca que es de importancia inmediata el aumento del consumo de frutas y verduras cuyo procesado sea mínimo, así como el consumo de productos de granos enteros para combatir las exorbitantes tasas de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.

Una de las ideas que propone es que el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) aumente el alcance del Programa de Nutrición de los Mercados de Granjeros (farmers’ markets) para fomentar la compra de frutas y verduras por parte de los consumidores de pocos ingresos. Actualmente, este programa brinda $20 millones en cupones a personas de la tercera edad y de bajos ingresos para que hagan compras en los mercados de granjeros.

 Miner recomienda también cambios a los programas de subvenciones de apoyo a la producción agrícola para que el USDA pueda “invertir en las buenas costumbres alimenticias de los estadounidenses de ingresos bajos y a la vez abrir el paso a mercados nuevos para los productores de alimentos saludables”. Apunta que los cambios tendrían que ser diseñados de tal manera que se evitara algún impacto negativo en los programas de distribución de alimentos que sirven a las escuelas y a los bancos de alimentos.

“Aumentar la disponibilidad de alimentos saludables y reducir su costo a los consumidores ayudaría a armonizar las políticas de agricultura y nutrición con las metas de salud pública y sería una buena política gubernamental”, apunta el especialista.

Investigaciones anteriores han demostrado que el costo influye en la compra de alimentos, especialmente si el nivel de ingresos del consumidor es bajo. Indican asimismo que la reducción de precios al por menor es un método efectivo para aumentar la compra de alimentos que fomentan la buena salud.

Miner considera que el USDA podría ayudar a mejorar la salud pública creando un sistema que proporcione incentivos monetarios significativos para la compra de alimentos sanos a quienes participan en el Programa de Estampillas para Alimentos. Al ligar los incentivos directamente a este tipo de productos, opina, hay buenas probabilidades de que las subvenciones pudiesen aportar otros ahorros en el futuro como resultado de mejoras a la salud, mayor productividad y otros beneficios económicos y sociales.

NOTA: Este artículo se basa en el estudio "Market Incentives could bring U.S. agriculture and nutritition policies into accord", publicado en la revista California Agriculture, Volume 60, Number 1, edición de enero-marzo 2006.

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BERKELEY-(UC)— Los ingresos de los programas de comidas de las escuelas tienden a aumentar cuando los planteles dejan de vender refrescos o sodas azucarados y frituras ricas en grasa, según un reporte de investigadores del Centro para el Estudio del Peso y la Salud de la Universidad de California en Berkeley.

“Nuestros resultados muestran que cuando los muchachos tienen menos acceso a bocadillos y bebidas con un contenido alto en grasa y azúcar, están dispuestos a comer alimentos más saludables”, apunta Patricia Crawford, codirectora del Centro y coautora del reporte. “Esta tendencia puede mejorar tanto la salud de los estudiantes como los ingresos del departamento de servicios alimenticios de las escuelas”.

Crawford se refiere al análisis fiscal de 16 escuelas intermedias y preparatorias en nueve distritos escolares en California que participaron en el programa piloto, “Linking Education, Activity and Food” o LEAF por sus siglas en inglés. La División de Servicios Alimenticios del Departamento de Educación de California estableció este programa con fondos del Departamento de Agricultura y Alimentos de California para poner a prueba las estipulaciones de las propuestas de ley 19 y 56 del Senado.

El Departamento de Educación contrató al Centro para el Estudio del Peso y la Salud de la UC para que evaluara el impacto en las escuelas que pusieron en práctica las estipulaciones de las citadas propuestas. El análisis fiscal es el primer reporte de una serie acerca del programa LEAF expedido por el Centro.

Las propuestas de ley, conocidas en conjunto como la Ley del 2001 para la Nutrición, Salud y Logros de los Estudiantes (Pupil Nutrition, Health and Achievement Act of 2001), establecen estándares para los alimentos y bebidas en venta que no están cobijados por los programas de alimentos escolares reglamentados por el gobierno federal. Estos incluyen productos en máquinas expendedoras, mostradores de bocadillos (snack bars), tiendas estudiantiles o menús a la carta que se conocen como alimentos “competitivos” entre expertos en nutrición escolar y que por lo general tienen mucha azúcar y grasa y poco valor nutritivo.

Según esta ley, el porcentaje total de grasa en tales alimentos no puede ser mayor del 35 por ciento y el peso total de azúcar se limita a 35 por ciento o menos. Se reemplazan los refrescos o sodas por agua, leche y bebidas de jugo de fruta que contengan por lo menos 50 por ciento de jugo y ningún endulzante. Se permiten ciertas bebidas para deportistas si contienen cuando mucho 42 gramos de endulzantes por cada porción de 20 onzas.

“Me complace ver evidencia que las escuelas no tienen que perder ingresos para poder ofrecer opciones saludables a nuestros estudiantes”, precisa Jack O’Connell, Superintendente Estatal de Instrucción Pública. “Sabemos por estudios anteriores que los estudiantes que consumen una alimentación saludable dan un mejor rendimiento escolar. Espero que este estudio anime a más escuelas a que aumenten la disponibilidad de alimentos y bebidas nutritivas y eliminen bocadillos que no fomentan la buena salud”.

Reportan los autores del estudio que durante su duración, aumentaron los ingresos brutos entre 1 y 38 por ciento en 13 de los 16 planteles participantes.

En cuanto a los tres planteles restantes, no hubo cambio alguno en ingresos brutos en uno; y los otros dos perdieron de 8 a 15 por ciento. Cabe notar que uno de estos planteles perdió una tercera parte del total de sus estudiantes como resultado de una reestructuración.

Muchas de las escuelas reportaron un aumento en ingresos de ventas de alimentos a pesar de vender menos alimentos a la carta. Explican los autores que la mayoría del aumento en ingresos fue resultante de reembolsos estatales y federales por niños matriculados en programas de alimentos escolares gratis o a precio reducido. La mayor cantidad de ventas de comidas reembolsables se encontraron en escuelas que eliminaron por completo los alimentos a la carta.

“Al matricular a los estudiantes en programas de comidas subsidiadas por el gobierno, las escuelas pueden contrarrestar las pérdidas por la disminución de ventas de alimentos competitivos”, apunta Gail Woodward-Lopez, directora asociada del Centro para el Estudio del Peso y la Salud de la UC. “Algunas escuelas pudieron también aumentar sus ingresos netos gracias a la venta de bocadillos y bebidas saludables, según lo estipulado por la ley, lo que indica que los estudiantes comprarán alimentos saludables, especialmente si participan en la selección y promoción de los mismos”.

Los investigadores no pudieron conseguir datos acerca de los gastos de 11 escuelas por estar en regiones donde esa información se acumula por distrito.

De las cinco escuelas donde se obtuvieron datos de gastos por plantel, tres reportaron aumentos en ingresos netos de $19,000 a $133,000. Consideran los autores del estudio que las mejoras en la variedad y presentación de las comidas escolares, así como una reducción en el interés por y acceso a otros alimentos y bebidas competitivas es parcialmente responsable del aumento en ingresos.

En estas cinco escuelas, sólo dos reportaron un cambio en gastos mayor al 6 por ciento. En una, los gastos aumentaron 34 por ciento por aumentos en el costo de los alimentos, salarios y prestaciones a los empleados. En otra escuela hubo un aumento del 23 por ciento en gastos, principalmente a raíz de gastos mayores en el manejo de frutas y verduras frescas.

“El almacenar y ofrecer frutas y verduras frescas y otros alimentos preparados frescos es más costoso que el brindar alimentos previamente empacados, por lo que algunas escuelas necesitarán fondos adicionales para ayudar a cubrir los gastos de mejorar las cocinas y aumentar el número de empleados para poder preparar alimentos más sanos y de mejor presentación”, apuntó Woodward-Lopez.

Dos de las cinco escuelas reportaron reducciones en ingresos netos de servicios alimenticios entre $6,000 y $17,000, principalmente por el manejo de frutas y verduras frescas así como a raíz de los salarios y prestaciones a los empleados.

Sin embargo, los autores encontraron que los directores de servicios alimenticios tienen la esperanza de que tales gastos puedan controlarse o contrarrestarse en un futuro al aumentar el número de estudiantes matriculados en el programa de comidas escolares. Apuntan que los datos indican que las otras 11 escuelas no perdieron cantidades grandes de ingresos netos del servicio alimenticio.

“Estos son estudios de casos individuales, pero las tendencias que se ven en el proyecto LEAF se han visto en otros proyectos parecidos en todo el estado”, apunta Annie Vargas, nutricionista de salud pública en el Centro. “Es alentador ver que en la mayoría de las escuelas no encontramos un impacto fiscal negativo asociado con la implementación de las normas de nutrición estipuladas en la ley SB 19/56 y, en la mayoría de los casos, el departamento de servicios alimenticios escolares resultó beneficiado”.

“Queda todavía mucho por aprender acerca de cómo ayudar a las escuelas a lograr estos cambios, pero pensamos que vale la pena el esfuerzo si tenemos en cuenta los beneficios relacionados a una mejor nutrición de los estudiantes.”

El reporte completo se puede descargar www.cnr.berkeley.edu/cwh/activities/LEAF.shtml.

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RIVERSIDE - (UC) --A diario, el público es bombardeado con mensajes publicitarios instándolos a que gasten su dinero. La Extensión Cooperativa de la Universidad de California es una voz que anima a los consumidores a ahorrar y les ofrece una variedad de métodos para ayudarles a lograrlo.

“Le damos a los consumidores información imparcial y confiable acerca de la jubilación, el ahorro y las inversiones sin presión, cuotas ni comisiones”, precisa Karen Varcoe, especialista en asuntos del consumidor de Extensión Cooperativa de la UC. “Nuestros recursos son fáciles de usar; los consumidores pueden usarlos a su propio ritmo y les brindan un buen punto de partida para empezar a planear un futuro financiero seguro”.

El ahorro es un tema de enfoque nacional

El Servicio Cooperativo Estatal de Investigación, Educación y Extensión (CREES por sus siglas en inglés) es la organización nacional que cobija a Extensión Cooperativa y la que ha hecho del ahorro un tema de enfoque nacional.

“La baja tasa nacional de ahorro indica que pocas personas están preparadas para la tercera edad”, apunta Varcoe. “El público debe estar consciente de que hay cosas que pueden hacer, sin importar su nivel de ingresos, para prepararse para la jubilación”.

Según la Encuesta Nacional de Confianza Acerca de la Jubilación (Nacional Retirement Confidence Survey), 58 por ciento de los trabajadores dijeron estar ahorrando actualmente para su jubilación, pero la cantidad que han logrado ahorrar es poca. La encuesta encontró que 45 por ciento de los trabajadores reportan bienes totales de la familia, sin contar el valor de su hogar, de menos de $25,000. La mitad de las familias estadounidenses tienen menos de $1,000 en bienes financieros. La proporción de trabajadores que dice actualmente estar ahorrando para la jubilación se ha mantenido estable desde el 2001, en aproximadamente 60 por ciento.

A la Extensión Cooperativa de la UC le complacería ver a los californianos tener una posición económica más segura. Un recurso que recomienda es el sitio del CREES “La seguridad financiera en la tercera edad” (Financial Security in Later Life) en http://www.cscrees.usda.gov/fsll. El sitio está diseñado para que los usuarios adquieran las destrezas, confianza y motivación para empezar a trabajar en su seguridad financiera. Reúne a colaboradores de todo el país y permite el uso de las mejores herramientas financieras que han desarrollado.

Por ejemplo, el sitio web cuenta con un curso de 11 unidades para estudiarse en casa acerca de las inversiones e incluye información referente a cómo invertir en acciones, bonos, anualidades, certificados de depósito, cuentas individuales para la jubilación y planes para la jubilación que ofrecen los empleadores.

Cualquiera puede invertir

“Muchos piensan que las inversiones son únicamente para la gente rica que tiene mucho dinero para invertir”, observa Patti Wooten Swanson, consejera en nutrición y asuntos de la familia y del consumidor de Extensión Cooperativa de la UC en el condado de San Diego quien ha usado el programa para impartir un curso sobre la planeación financiera. “La realidad es que cualquiera puede invertir. Este programa establece la cantidad mínima para invertir y es tan sólo $25”.

Otra herramienta útil en el sitio web es el enlace a otro sitio que ofrece el “El cálculo aproximado” (Ballpark Estimate), desarrollado por el Concilio Americano de Educación Acerca del Ahorro (http://www.asec.org/ballpark/). Al llenar un formulario digital, los consumidores pueden rápida y fácilmente hacer un cálculo de cuánto deben ahorrar cada mes para llegar a su meta para la jubilación.

Una “Guía para el ahorro para la jubilación para los ahorradores tardíos” (Late Savers Guide for Retirement) en el sitio web es de uso para quienes están a 15 años o menos de su jubilación. La guía recomienda estrategias para acelerar la acumulación del dinero necesario y brinda recomendaciones para “encontrar” dinero para ahorrarlo para la jubilación.

San Diego ahorra

Wooten Swanson inicia también una campaña en el condado de San Diego con el nombre de “San Diego Ahorra” (San Diego Saves) de acuerdo a la campaña nacional America Saves (http://americasaves.org). La Extensión Cooperativa de la UC en San Diego y numerosas organizaciones que se han asociado al programa “San Diego Ahorra” se encuentran en proceso de solicitar fondos para el programa.

“Nuestro enfoque son las familias que ganan entre $20,000 y $80,000 anuales. Hemos entrenado a conferencistas especializados en motivar al público para que den presentaciones de 30 a 40 minutos en las que muestran a los participantes cómo es posible empezar a ahorrar y por qué es importante hacerlo”, apunta Swanson.

El programa es particularmente útil para quienes no usan bancos o cooperativas de crédito, ayudándoles a establecer una cuenta con una de 10 instituciones financieras que han acordado participar en el programa “San Diego Ahorra”.

“Los bancos les permiten abrir una cuenta gratis o con una cuota baja y con una suma muy módica”, explica Wooten Swanson.

Varcoe comenta que la cultura estadounidense ha desechado la mentalidad ahorrativa de los abuelos de los adultos de mediana edad hoy día y adoptado una actitud de “vivir para el presente”. Este cambio pone en peligro su futuro. Aún con todos los beneficios del Seguro Social, la mayoría no tendrán suficientes ahorros personales para suplementar su ingreso.

“La población está preocupada. Las finanzas, después de la salud, es uno de los temas principales que les preocupa; sin embargo, no están haciendo lo que deben para cambiar la situación”, apunta Varcoe. “Las personas están viviendo más años y deben planear hoy para cuando ya no estén trabajando”.

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RIVERSIDE-(UC)— La oferta de un préstamo sobre el salario que todavía no ha recibido puede parecerle una buena solución cuando se le termina el dinero antes de fin de mes. Los comerciantes que ofrecen tales préstamos se esmeran en presentarlos de una manera atrayente. Sin embargo, son préstamos que resultan muy caros y el consumidor termina endeudándose más.

“La tasa de interés de los préstamos sobre el salario anticipado varía de 391% a 443% y resulta en cargos de financiamiento de $15 a $17 por cada $100 prestados”, apunta Karen Varcoe, especialista en asuntos del consumidor de Extensión Cooperativa de la Universidad de California.

Los préstamos sobre el salario cuestan más de $3.4 billones al año a las familias estadounidenses que los usan. En California, el promedio es 11 préstamos por año a personas que se valen de este servicio.

Los préstamos sobre el salario anticipado parecen convenientes, pues el prestamista promete no depositar por varias semanas el cheque que le dé quien pide el préstamo, dándole tiempo a que reciba su salario y lo deposite. Sin embargo, quienes toman estos préstamos generalmente lo hacen por no alcanzarles sus ingresos mensuales, por lo que necesitan reunir dinero adicional a su salario para solventar tanto sus gastos regulares como el pago del préstamo y los costos de financiamiento.

Como los préstamos sobre el salario son a corto plazo dan poco tiempo para reunir el dinero adicional necesario para pagarlos. Si la persona toma dinero de su salario para hacer el pago, vuelve a quedarse sin suficiente dinero para el mes y se verá obligado a obtener otro préstamo sobre su próximo cheque de paga.

Por otra parte, si no puede sacar dinero del salario por necesitarlo para sus gastos de renta, pago del auto, etc., es muy probable que no tenga suficiente dinero en el banco para cuando el prestamista deposite el cheque que recibió como prenda. En este caso, no sólo deberá el monto del préstamo, sino también cualquier cuota que cobre el banco por un cheque sin fondos. El prestamista puede también cobrar una cuota por pago atrasado.

Ante estos cargos adicionales, muchos se ven en la necesidad de pedir otro préstamo sobre salario que recibirán en el futuro, pensando con esta segunda deuda saldar la primera. Sin embargo, vuelven a encarar el mismo problema: cómo reunir el dinero adicional para pagar el préstamo sin volver a afectar el presupuesto del hogar. Este ciclo ocasiona que el consumidor se endeude continuamente y por cantidades cada vez mayores.

La situación puede causarle serios dolores de cabeza al consumidor si no puede pagar el préstamo a tiempo, no solo por los cargos a pagar al banco, sino porque algunos prestamistas cobran cuotas excesivas por pago moroso y llaman constantemente al prestatario y a sus familiares exigiendo que paguen el préstamo. Algunos hasta amenazan al consumidor con interponer una acción judicial por escribir cheques sin fondos.

Con miras a evitar el mal trato a los consumidores que usan estos servicios, la Asociación de Servicios Financieros Comunitarios de los Estados Unidos, un grupo de comerciantes que ofrecen este tipo de préstamos, ha establecido un código ético para sus miembros. Además, 33 estados y el Distrito de Columbia han establecido reglamentos desde el 2002 para esta industria.

 No deje que la facilidad de obtener estos préstamos sobre el salario anticipado lleve a su familia a una creciente espiral de endeudamiento, afecte su historial crediticio y le traiga problemas con prestamistas o con su banco, incluso disputas legales. Establezca un presupuesto que se ajuste a sus ingresos y haga todo lo posible por limitar sus gastos a lo que gana. Si decide pedir un préstamo sobre el salario anticipado, por lo menos vea que el prestamista sea miembro de la Community Financial Services Association of America, la organización antes citada que reglamenta estos comercios.