Muchas familias de bajos
ingresos en áreas rurales no están aprovechando los programas de apoyo y ayuda
que mejoran las condiciones económicas de las familias y el bienestar de los
niños, según investigadores de Extensión Cooperativa de la Universidad de
California. Las especialistas en ciencias del consumidor participan en un
estudio que abarca 15 estados y cuyo objetivo es evaluar el impacto de las
reformas hechas en años recientes a programas de beneficencia pública en zonas
rurales en los Estados Unidos.
En California,
participan 40 familias de bajos ingresos, en su mayoría latinos, en los condados
de Madera y Kern. El seguimiento durará tres años.
“Concentramos
nuestra atención en familias latinas en California para darles voz y
representación”, comenta Nancy Lees, investigadora y administradora del proyecto
en UC Riverside. “En la mayoría de los estudios en el ámbito nacional, los
latinos no tienen la representación adecuada”.
El primer año,
los investigadores encontraron que 75% de las familias californianas que
cumplían los requisitos para el programa de estampillas para alimentos no
estaban matriculadas en el mismo. Apenas 19% de las familias latinas elegibles
las usan. Por otra parte, más de 36% de niños latinos no tienen seguro médico.
“Algunas
familias tienen mucho amor propio y no quieren recibir beneficencia pública”,
explica Martha López, especialista en nutrición, familia y asuntos del
consumidor con Extensión Cooperativa de la UC en el condado de Ventura. “A
veces, las familias simplemente no saben que reúnen los requisitos para
programas gubernamentales de cuidados médicos, tarifas reducidas de teléfono y
servicios públicos como gas, electricidad, agua, estampillas para alimentos o
para el crédito por ingresos del trabajo”.
La
desconfianza que le tienen a las entidades gubernamentales, el miedo a la
deportación y reportes sobre experiencias desagradables en las agencias de
servicios sociales pueden también contribuir a los bajos niveles de inscripción
entre familias latinas en estos programas.
Como parte del estudio, se realiza una
encuesta anual de los participantes sobre sus ingresos, condiciones laborales,
administración del dinero, cuidados médicos, alimentación, seguridad alimentaria
y transporte. Las respuestas se estudian de manera colectiva y toda la
información que se obtiene es confidencial.
“He quedado muy sorprendida y complacida
al ver que los participantes están tan dispuestos a compartir cosas personales”,
precisa Lees, quien está llevando a cabo aproximadamente una tercera parte de
las entrevistas.
López, quien está a cargo del resto de
las entrevistas, dijo que los resultados del estudio están empezando a indicar
algunos efectos sorprendentes de la pobreza.
“Algunas
personas no tienen dinero suficiente a fin de mes para comprar comestibles. Sin
embargo, el sobrepeso y la obesidad entre niños y adultos continúa en aumento”,
apunta López. “No sabemos a ciencia cierta la relación, pero estamos empezado a
creer que si las personas no siempre tienen alimentos disponibles, comen en
exceso cuando sí lo tienen”, dijo.
En algunos
casos, los investigadores han encontrado contradicciones en la manera en que las
familias administran sus ingresos.
“Frecuentemente, las familias se dejan guiar por las emociones y no
consultan con nadie para tomar las decisiones económicas”, observa López. “Tal
vez una familia necesite transporte y compran un auto nuevo. Tendrán que hacer
pagos elevados por el auto, pero viven tres familias en un
apartamento”.
Cada año, las
investigadoras brindan información práctica a las familias participantes como,
por ejemplo, números gratuitos de teléfono para programas gubernamentales,
manuales para hacer presupuestos, recomendaciones alimenticias, etc. En el
condado de Madera, se ofreció un taller sobre nutrición y crianza de los hijos a
los participantes en el estudio.
El simple
hecho de participar en el estudio está teniendo un impacto positivo en la vida
de algunos participantes. López relata el caso de una mujer quien, en el primer
año de la investigación, digo que quería ir a la escuela pero no tenía licencia
de conducir. Para el segundo año, había obtenido la licencia, entrenamiento
laboral y trabajaba como asistente de enfermera certificada. Lo que hizo que
esto pasara, según lo que la participante le contó a López, fue haber tenido que
responder al final de la encuesta a la pregunta sobre lo que le gustaría que
ocurriese en los próximos tres años.
“Me dejó tan
buena impresión”, subrayó López. “Me dijo: ‘Si usted no me pregunta sobre mis
anhelos, probablemente los hubiera descartado’.”
Lees está
analizando los datos del segundo año del proyecto y haciendo, junto con López,
las últimas entrevistas. Al terminar el proyecto, las estadísticas californianas
se combinarán con datos de los otros estados para dar a los legisladores una
idea sobre la manera en que las políticas y programas afectan la vida de
estadounidenses de pocos recursos quienes residen en áreas
rurales.
Lees y López trabajan en este proyecto junto con Karen Varcoe, investigadora principal y líder de Programa de Recursos Humanos. En California, el estudio está patrocinado por la División de Agricultura y Recursos Naturales de la UC. Los fondos para el análisis de datos de los 15 estados provienen de USDA y del Programa de Subvenciones Competitivas de la Iniciativa Nacional de Investigación.